El Poder Ejecutivo dictó un decreto para establecer las condiciones para avanzar en las privatizaciones en forma total de Enarsa e Intercargo, y en forma parcial de Belgrano Cargas, Corredores Viales, Aysa, y Ferrocarriles, así como para incorporar capital privado a Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Fiscales.