La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, pidió que se "agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro" de las personas detenidas en cárceles federales por la superpoblación que se vive en las unidades y que genera "múltiples violaciones de derechos porque no alcanzan los estándares mínimos de dignidad".
El planteo lo hizo en una resolución general que notificó a todos los defensores oficiales nacionales y federales, informaron fuentes judiciales. Se trata de los abogados públicos que asisten a quienes no pueden pagar uno particular o que deciden tener defensa oficial.
Los defensores pueden hacer los planteos de libertad pero la decisión final es de los jueces a cargo de cada caso, en los que también opina la fiscalía. "Nosotros siempre pedimos la libertad y conocemos las condiciones en las cárceles. Por eso cuando vemos la violación de un derecho hacemos una presentación. La instrucción de la Defensora General es de orden de política criminal y para algún distraído", analizó off the record un defensor consultado.
La resolución de siete páginas que se basa en un informe que elaboró la Comisión de Cárceles de la Defensoría General. Se trata de un organismo que monitorea las condiciones de detención en las cárceles federales y que en su último informe dio cuenta de la situación que se vive.
"El incremento notorio de la cantidad de personas privadas de libertad en el sistema de enjuiciamiento criminal federal ha llevado a que el hacinamiento, con las múltiples violaciones de derechos que engendra, sea puesto en evidencia en cada relevamiento de centros de detención dependientes del Servicio Penitenciario Federal, o de destacamentos de las fuerzas de seguridad federales en el interior del país", sostuvo Martínez y detalló la situación: "Resulta así que las condiciones de vida de quienes se encuentran privados de libertad no alcanzan los estándares mínimos de dignidad, puesto que los espacios de convivencia son limitados, se han agregado camas dobles en celdas individuales no destinadas a ese fin –con la pérdida de privacidad que eso engendra-, se ha convertido a lugares de estudio o esparcimiento en nuevos sectores de alojamiento, se mantiene a personas pernoctando en instalaciones que están pensadas para trámites judiciales de una jornada, se priva de acceso a la salud, trabajo y educación, entre otros".
Hoy en las cárceles federales hay 14.339 presos cuando la capacidad es de 12.235, lo que implica un 17% de sobrepoblación, según información oficial del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En marzo, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, declaró la emergencia penitenciaria por tres años y creó una comisión para tratar el tema. Desde entonces la cantidad de presos federales incrementó 5 por ciento.
En el SPF reconocen la situación crítica pero señalan que en otros servicios penitenciarios del país es peor. "En la provincia de Buenos Aires hay ocho presos por celda y el promedio de América Latina es de nueve", comparan.
La situación llevó a que en los últimos tiempos el tema fuera tratado en varias causas judiciales. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que no entren más presos a la cárcel de Marcos Paz por la superpoblación y la ubicación de camas cuchetas en celdas para una persona. Distintos organismos inspeccionaron la cárcel de los tribunales de Comodoro Py donde en una celda para cinco personas había 30. También en marzo la Cámara del Crimen dijo que las cárceles federales "no son aptas para la condición humana" y describió la situación que se vive.
El incremento de detención fue exponencial en los últimos tiempos por dos motivos principales: la aplicación de la ley de flagrancia que establece que una persona que es detenida en el momento que comete un delito debe ser juzgada en un plazo breve y eso implica que quede detenida. "Tenemos personas que están presas 15 días por este sistema", señalan en el SPF. Y el segundo es la reforma de la ley de ejecución de las penas de los condenados que limita los criterios de libertad y obliga a cumplir en prisión penas cortas.
Sobre esa base la Defensora General dictó la resolución en la que recordó que "el ingreso a una prisión en calidad de condenado no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional, puesto que ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana" y que las actuales condiciones de detención "difieren significativamente del propósito de reforma y readaptación social y de la finalidad de lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley".
Por eso, entendió que los defensores deben agilizar los pedidos de libertad en base a la emergencia penitenciaria dictada por el gobierno "para no hacer cargar a los internos las deficiencias del sistema al que son ajenos".
Martínez les pidió a los defensores que soliciten arrestos domiciliarios y el uso de tobilleras. Y analizó los casos de los presos procesados y los condenados.
Sobre los primeros señaló que al momento de decidir la libertad "los jueces tengan en cuenta no solo la existencia de la presunción de fuga o de entorpecimiento de la investigación, sino también cuáles serán las condiciones en que la prisión preventiva se cumplirá". Y para los condenados solicitó que los magistrados "omitan dar un significado negativo a la ausencia de trabajo, educación u otras actividades intracarcelarias dirigidas a mejorar el pronóstico individual, cuando cumplir con esos objetivos se vuelve inalcanzable para gran parte de los internos en establecimientos sobrepoblados".
"El arresto domiciliario o la excarcelación deben ser tratados, además, como la mejor alternativa para grupos particularmente vulnerables por razones de género, orientación sexual, edad, convivencia en prisión con niños y personas aquejadas de problemas salud o discapacidad, ya que el encierro en condiciones deficitarias puede causarles daños que superen al resto de la población", describió.
La Defensora General dejó una última instrucción: "Reclamar con vehemencia se corrijan las condiciones carcelarias inadecuadas, y la libertad de aquellos que tienen derecho a recuperarla, son obligaciones propias de este Ministerio Público de la Defensa".
(infobae)
