Los trabajadores del Bauen denuncian parcialidad del gobierno en su orden de desalojo

Hace ya 16 años que el Bauen funciona gestionado por sus trabajadores, después de que en 2001 los dueños cierren dejando a todos los trabajadores en la calle.

Los trabajadores del Hotel Bauen fueron citados a una audiencia que se realizará el 25 de julio en el juzgado comercial N°9 a cargo de la abogada Paula Hualde donde deberán argumentar, una vez más, la legitimidad del reclamo por la expropiación del inmueble, en contra de un nuevo avance judicial por parte de los ex dueños, la familia Iurcovich.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia dejó a los trabajadores del hotel Bauen, quienes conformaron una cooperativa desde hace 16 años para administrar el edificio, al borde del desalojo del inmueble que está en pleno centro porteño.

El pasado 28 de diciembre el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por los empleados de Cooperativa del Hotel Bauen para continuar tareas. “Seguramente nos comuniquen una vez más que debemos dejar el hotel” afirman los trabajadores quienes aseguraron que, a pesar de este revés judicial, “la lucha continúa”. “Estamos muy curtidos en estos 16 años, ni habiendo sacado la ley pudimos solucionar esto”.

La doctora Hualde además, libró oficios al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que a través de la Agencia Gubernamental de Control realice una exhaustiva inspección de las instalaciones. La inspección se realizó durante la jornada del martes 4 de junio.

Durante esas horas de inspección (de 10 a 16) si bien gran parte de la documentación requerida estaba en orden, encontraron también algunos espacios del hotel que no presentaban las condiciones necesarias para sortear la inspección de la AGC del gobierno de la ciudad.  

 El director ejecutivo de la AGC es el esposo de la apoderada de Mercoteles SA, empresa que reclama la restitución del hotel solicitando el desalojo de la cooperativa.

Esto implica la manifiesta parcialidad del gobierno  frente al conflicto del Bauen. No debemos olvidar además, el veto presidencial a la ley que solucionaba el conflicto y legalizaba la gestión de la cooperativa.

El conflicto comenzó a principios de la década del 2000, tras la quiebra de Solari S.A, firma que gestionó el hotel y dejó a los empleados en la calle. En 2003, los trabajadores constituyeron la cooperativa al mismo tiempo que la empresa Mercoteles apareció como compradora del emprendimiento, algo que la Justicia validó ordenando el desalojo.

Luego de varios cruces judiciales, el Congreso tomó el caso y sancionó el proyecto de expropiación del edificio, lo que convertía a la cooperativa en la propietaria del inmueble. Sin embargo, la norma fue vetada por el presidente Mauricio Macri, que retrotrajo todo a la causa abierta en que se había dictado el desalojo del hotel. Acto seguido, la cooperativa decidió presentar un nuevo proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, que se encuentra en tratamiento. (tiempoar)