Los nuevos presos de la miseria: aumentaron los detenidos por robar para comer en la Ciudad

La crisis social generó nuevas causas a personas en situación de calle o marginales que hurtan alimentos o objetos de escaso valor para revender en la calle.
Por Fernando Soriano

Un hombre en situación de calle roba dos tiras de asado y cinco paquetes de salchichas de las góndolas de un supermercado en Palermo. Es 20 de febrero de este año y un policía lo detiene en la puerta, alertado por el cajero del local que lo persiguió hasta la vereda. Atrapado, el hombre se disculpa y quiere devolver lo que se llevó. Ofrece una explicación, pero marcha preso. Dos días después, el fiscal libera de acusaciones al ladrón: lo considera un hecho insignificante.

En una avenida elegante de la misma ciudad, el mismo año, otro hombre rompe el candado de una bicicleta atada en un poste en Barrio Norte e intenta huir con ésta, pero a los 20 metros aparece un policía. El ladrón se tira de cabeza en un tacho de basura con el fin de esconderse y lo atrapan. En la primera audiencia por el delito, 24 horas después, el imputado, flaco, sucio, débil y desdentado, solloza y dice que hace dos días que no come. El juez lo deja libre hasta que se desarrolle el juicio y haya -probablemente- una condena. Antes de que el hombre abandone la sala el magistrado le da 200 pesos para que se compre una pizza.

Entre los delitos más frecuentes y menos visibles aparece esta clase de "pequeños" robos y hurtos sin armas ni violencia que, después de detenciones y trámites judiciales, termina en condenas de baja escala o en absoluciones para los ladrones. La mayoría de las veces son  personas en situación de calle o extrema marginalidad quienes los cometen. Buscan comida, objetos para el uso cotidiano o de higiene, y elementos baratos que puedan revender, como hierros, vidrios o materiales de obra. Y en muchos casos terminan hasta en gestos piadosos, como el del juez y la pizza.

Las causas contra estos indigentes ocupan horas de trabajo judicial y se instalan sobre una paradoja, la delgada línea que muchas veces separa a la víctima del victimario. Donde hay una persona que roba un alimento, hay un comerciante que pierde parte de su mercadería. En una bicicleta robada bajo estado de desesperación hay alguien que se quedó sin su medio de transporte.

En los pasillos de los tribunales algunos los llaman los "crímenes de la miseria", la lucha de pobres contra pobres, registrada en decenas de nuevos expedientes que se abren cada día en cada fiscalía de turno por delitos que incluyen condenas cuya pena es algunas semanas tras las rejas o absoluciones por insignificancia.

Hay escenas de reincidencia, historias de adictos que en pleno juicio piden que los manden a una granja apenas cumplan su tiempo en prisión o incluso, como pasó entre un cartonero que robó el espejo de un auto que creyó abandonado, el pedido de la víctima a la Justicia para que retiren la acusación y lo dejen libre.

No son situaciones nuevas, son delitos que existen desde hace décadas. Aunque la cantidad de episodios viene en aumento, producto de la falta de dinero y la crisis social. Y a más casos, más reincidencias y más condenas: simultáneamente aumentan las prisiones preventivas y, así, la superpoblación y el hacinamiento en los calabozos.

Los fiscales de instrucción que atienden estos hechos observan que el incremento también va del brazo de los procedimientos de flagrancia, que se aplican en delitos que prevén penas menores a los 15 años. Los presos de la miseria, como les llaman algunos instructores del Ministerio Público Fiscal, son nuevos marginales: obreros desocupados, albañiles sin actividad, changarines, padres de familia expulsados a la calle, cartoneros fuera de convenio agarrados in fraganti.

"Siete de cada diez detenidos tienen entre 30 y 40 años, en general son hombres, y cometen un delito en flagrancia por primera vez. Pero eso ocurre en una única oportunidad, luego ya son reincidentes, muchas veces quedan atrapados en ese sistema, marcados con un antecedente penal que les dificulta más conseguir trabajo. Y así crecen las prisiones preventivas", comenta un auxiliar de una fiscalía porteña con turno en flagrancia.

"Han crecido los delitos menores, no porque se cometan más sino porque crecieron las situaciones de miseria. Gente en la calle, desocupados, con desequilibrios mentales o adicciones al alcohol o drogas", enumera la fiscal Mónica Cuñarro.

Todas las personas aprehendidas en casos de flagrancia pasan inevitablemente entre 24 y 48 horas privadas de su libertad. En ese plazo, el juez debe activar el juicio oral, que dura una o dos audiencias, y luego define si detiene o libera al imputado. Los ladrones sin antecedentes penales normalmente recuperan su libertad después del juicio, pero suman un antecedente penal. Si reinciden, aunque los robos sean considerados "menores" pueden ser condenados y quedar detenidos.

Muchas veces, los fiscales o los propios policías suspenden cualquier acción. También las víctimas. El 27 de enero pasado un hombre de 29 años robó un termo (valuado en ese local a $700), pero la dueña del local lo vio. El hombre huyó sin el objeto y fue atrapado por la policía, pero la propia comerciante pidió que no le abran una causa.

La mayoría de los casos termina en condenas. Dos días después del hecho de Retiro, en los Tribunales se juzgó al cartonero José O., de 32 años, acusado de intentar robar con un cortafierro el espejo del parasol de un Honda City incendiado y sin ventanillas, que él creyó abandonado. El hombre aceptó ser el autor del hecho pero explicó que no sabía que el vehículo tenía dueño, y alegó que quería el espejo para revenderlo.

El fiscal no pidió la prisión preventiva pero requirió la elevación a juicio contra el imputado. Cuando el juez le preguntó a qué se dedicaba respondió: "Ciruja y albañil". Y contó que usaba esos elementos para revender. Su condena es una mancha en su prontuario.

Así terminó en condena un caso célebre en los pasillos de Tribunales que tuvo como protagonista a un hombre que, en estado de ebriedad, abrió la persiana de un puesto de flores y se llevó un ramo para darle a su novia el 14 de febrero de 2018. Como el acusado tenía antecedentes, terminó en la cárcel. Poco después, durante las Pascuas de ese año, otro hombre de 40 años fue detenido por robarse 24 tabletas de chocolate por un valor de 700 pesos. El imputado dijo que lo había hecho para venderlas en la calle. La cadena de supermercados, una de las más importantes del país, pidió seguir con el proceso hasta la condena.

De esta manera aumenta la población de "nuevos presos". Cifras del Ministerio de Justicia nacional, muestran que las causas por flagrancia aumentaron entre el primer y el segundo semestre de 2018: de 1.170 casos a 1.721, lo que implica un incremento del 48%.

Estadísticas referidas a diciembre pasado indican que del total de hechos dentro del proceso de flagrancia el 46% fueron robos, el 31%, tentativas de robos, hurtos, el 9%; y los robos con armas representaron apenas el 3%.

"El mejor termómetro de la situación social es el turno de flagrancia", comenta un fiscal auxiliar con causas en Capital Federal. Para otro de los fiscales, si bien el proceso de flagrancia acelera los trámites en casos que pueden resolverse rápido, también les ocupa gran parte del tiempo que, argumentan, podrían ocupar en investigar delitos más pesados cometidos por gente más peligrosa. "Así las cosas pareciera que la flagrancia sirve más para gestionar la pobreza", agrega ese representante del Ministerio Público.

"El procedimiento no incrementa las detenciones", discrepa Cuñarro, y amplía: "Es un error, quien previene es la Policia de la Ciudad. Si se cometen delitos es que falló la prevención. Las detenciones ocurren cuando deben ocurrir. Lo que hay son muchos problemas con la reforma de la Policia porteña. Los comisarios hacen lo que pueden pero los problemas existen; no hay buenos sumariantes, no remiten las actas a tiempo, no remiten a tiempo los antecedentes, hay pocos médicos legistas, las divisiones especiales no funcionan como corresponde, no funciona el cromatrógrafo, no hay cámaras, no hay salas, no hay traslados. La implementación funciona muy mal o no funciona, lo que demora muchisimo el trabajo del juez o el fiscal, que pasan horas y horas dedicadas a hechos menores y no pueden trabajarse hechos graves, como por ejemplo robos en banda de armados en moto, que está tan de moda u homicidios o abusos o hechos de género".

Los detenidos se acumulan en las alcaidías y generan problemas de superpoblación. Días atrás los internos de la Unidad 28 en los Tribunales de la calle Talcahuano reclamaron por las pésimas condiciones de detención, lo que derivó en un fallo de la Cámara Criminal y Correccional que marcó la situación como de "emergencia".

Los jueces de la Sala VI de la Cámara, Marcelo Lucini y Magdalena Laiño, señalaron en ese fallo que el 12 de febrero último había 169 personas en la Unidad 28, donde hay celdas que son para nueve personas pero que contenían entre 28 y 36, con solo dos baños y con alimentación y atención médica insuficiente. "Su estado era sencillamente inconcebible", escribieron los camaristas.

De allí, 89 personas fueron trasladadas a la cárcel de Devoto. Las alojaron en un gimnasio, devenido en el pabellón 53. Eso provocó un nuevo problema: los presos de la cárcel iniciaron una causa por la pérdida de su espacio recreativo, el uso de los baños y para recibir a las visitas.

Ante la falta de espacios, encima, el Servicio Penitenciario Federal también dispuso que en las celdas diseñadas para una persona vivan dos. "Un círculo vicioso del que es realmente difícil salir airosos", dijo la Cámara.

Según fuentes oficiales, a la Unidad 28 pueden ingresar "entre cincuenta y cien personas detenidas por día".

Fuentes de los organismos de seguridad porteños reconocieron la existencia de detenciones a personas en situación de calle, aunque aclararon que se dan "cuando cometen delitos".

"Las ranchadas de la Provincia que antes se quedaban dos o tres días en la Ciudad para juntar cartón ahora van hacia contravenciones o delitos, van con facas. Se trata de una cuestión de criterio", apunta un funcionario de la Ciudad.

La tensión interna existe a partir de la ley de flagrancia, sancionada en 2016 por el actual gobierno. Jueces que les compran pizzas a los imputados, víctimas que otorgan el perdón a sus victimarios para que no vayan a la cárcel, marginales que piden a la Justicia que los ayuden a superar sus problemas de adicciones y algunos acusados que se soprenden de las definiciones de algunos tribunales, en medio de las olas de detenciones de flagrancia.

"Muchas de las perversiones del nuevo régimen vienen a reemplazar a las perversiones del viejo régimen, pero sustancialmente la forma de funcionar del aparato de criminalización es la misma: siempre se ha perseguido y encarcelado selectivamente, siempre las garantías han sido sólo un freno discursivo, siempre se ha tratado, en definitiva, de a quienes y por qué metemos", entiende el sociólogo Mariano Gutiérrez.

Eso le pasó a Mauro, el hombre que robó dos tiras de asado y cinco paquetes de salchichas de un supermercado (por un valor de menos de 1.000 pesos). Cuando el fiscal pidió su absolución por insignificancia y el juez la aceptó, el hombre pidió la palabra y dijo: "La felicidad se mide por asombros, no por años". (infobae)