La ONG Nuevo Ambiente elevó un pedido formal de acceso a la información pública ante la Intendencia de la Municipalidad de La Plata, con el objeto de conocer el estado de situación del área municipal de Protección Civil (ex Defensa Civil), cuya sede funcionó oportunamente en calle 32 y 119 de la capital bonaerense.
De acuerdo al planteo de la organización ambientalista, la preocupación radica "en el evidente proceso de desarticulación y debilitamiento de un organismo que resulta estratégico para la prevención, preparación y respuesta frente a emergencias climáticas, hidrológicas, ambientales e industriales, en un contexto donde el cambio climático incrementa la frecuencia e intensidad de los eventos extremos".
La ONG advirtió que "diversos especialistas en climatología sostienen que los episodios asociados al fenómeno El Niño aumentan significativamente la probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales sobre la Cuenca del Plata, incluyendo el norte de la provincia de Buenos Aires".
"Ello incrementa la ocurrencia de tormentas severas, lluvias persistentes e inundaciones, circunstancias que exigen contar con organismos de protección civil fortalecidos, dotados de recursos humanos capacitados, equipamiento adecuado y sistemas permanentes de monitoreo y alerta temprana", señalaron.
En ese marco consideraron que "la ciudad de La Plata conoce trágicamente las consecuencias de la falta de prevención. La inundación del 2 de abril de 2013 dejó una de las mayores catástrofes socioambientales de la historia reciente de la Provincia de Buenos Aires, razón por la cual resulta inadmisible que, lejos de fortalecer las capacidades institucionales, se avance en el vaciamiento de un área esencial para la protección de la población".
Según la información recabada por esta organización, la ex Defensa Civil contaba con una flota aproximada de ocho camionetas pick-up, equipamiento específico para emergencias, estaciones de monitoreo hidrometeorológico y un equipo técnico integrado, entre otros profesionales, por meteorólogos especializados.
En la actualidad se desconoce el destino de esos vehículos, del equipamiento y de las estaciones de monitoreo, al tiempo que los profesionales fueron desvinculados y el organismo habría perdido gran parte de su capacidad operativa.
Esta situación refleja un marcado desinterés por las políticas públicas de prevención y adaptación frente al cambio climático, cuando precisamente los organismos internacionales recomiendan fortalecer los sistemas locales de gestión del riesgo como primera línea de defensa ante los desastres.
Debe recordarse que la Provincia de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 15.063, adhirió a la Ley Nacional Nº 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR).
Dicha normativa establece la obligación de coordinar políticas públicas destinadas a la reducción del riesgo de desastres, la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación frente a eventos adversos, promoviendo la articulación entre los distintos niveles del Estado.
En ese marco, Nuevo Ambiente solicitó, entre otros puntos, que el Municipio informe:
? Si el área de Protección Civil se encuentra actualmente en funcionamiento y desarrolla tareas operativas, indicando su domicilio, dependencia jerárquica, autoridades responsables y teléfonos de emergencia.
? El estado de la flota de camionetas pick-up y demás vehículos afectados históricamente al servicio, detallando cantidad, estado operativo y destino actual de cada unidad.
? La cantidad de agentes que actualmente integran el área, discriminando personal técnico, profesionales, meteorólogos, administrativos, operadores y demás categorías funcionales.
? Si se mantienen acciones de coordinación con organismos nacionales, provinciales, municipales, universidades, bomberos, fuerzas de seguridad e instituciones científicas vinculadas a la gestión integral del riesgo.
? Si el Municipio dispone actualmente de estaciones hidrométricas o sistemas permanentes de monitoreo de los arroyos y cursos de agua del Partido de La Plata, indicando cantidad, ubicación y estado de funcionamiento.
? Cuáles son los protocolos y planes de contingencia vigentes frente a inundaciones, tormentas severas, olas de calor, sequías y otros fenómenos asociados al cambio climático, precisando si son de acceso público.
? Si el área integra actualmente el Programa de Respuestas ante Emergencias contra Impacto en la Comunidad (PREIC) u otros sistemas provinciales o nacionales de coordinación para emergencias.
Desde Nuevo Ambiente también recordaron que hace más de 2 (dos) meses solicitaron información pública sobre el funcionamiento del Programa de Respuestas ante Emergencias contra Impacto en la Comunidad (PREIC), cuya sede administrativa u operativa debería funcionar en el ex edificio del Club YPF, ubicado entre Ensenada y Berisso.
Según la información institucional disponible, el PREIC debería intervenir ante emergencias climáticas, tecnológicas e industriales, brindar respuesta inmediata frente a situaciones que afecten a la comunidad, coordinar acciones entre organismos públicos y mejorar los mecanismos de comunicación con la población.
La ONG cuestionó "la ausencia de respuestas oficiales y la inexistencia de evidencias sobre su funcionamiento operativo generan serias dudas respecto de su actividad real, dando la impresión de que se trata de un organismo que existe únicamente desde el punto de vista formal, pero que carece de presencia efectiva cuando la comunidad necesita respuestas concretas".
"Resulta especialmente preocupante esta situación en una región atravesada por un importante polo petroquímico, puertos, industrias de riesgo, cursos de agua, zonas inundables y una creciente vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático", señalaron.
La organización ambientalista advirtió que "una emergencia ambiental puede originarse tanto por causas naturales como por actividades humanas, y producir daños inmediatos y de gran magnitud sobre el ambiente, la salud pública, la infraestructura y la seguridad de la población".
"Frente a ese escenario, el Estado tiene la obligación legal de contar con organismos operativos, recursos suficientes y planes de contingencia eficaces", sentenciaron.
Para finalizar, indicaron que "la prevención no constituye un gasto sino una inversión estratégica destinada a proteger vidas humanas, por lo que reclamaron que tanto el Municipio como la Provincia fortalezcan las áreas de Protección Civil y los sistemas de gestión integral del riesgo, en lugar de desmantelar capacidades técnicas indispensables para afrontar los desafíos que plantea la crisis climática y ambiental".
