La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Diana Mondino, firmó recientemente con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy, un Acuerdo que en esencia restablece el firmado durante el gobierno del presidente Mauricio Macri el 13 de septiembre de 2016, conocido como Comunicado Foradori-Duncan, con la particularidad que este nuevo acuerdo se realizó en los márgenes de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la que el actual presidente argentino Javier Milei omitió durante su intervención referirse en forma directa al reclamo de nuestro país por la usurpación británica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes, hecho inaudito no solo por no tener antecedentes sino porque dicho reclamo es un imperativo indeclinable para nuestros gobernantes, establecido por la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.
Recordemos -como lo hemos analizado en todos nuestros Anuarios en Relaciones Internacionales, desde su firma hasta la actual edición del año 2024 que hemos presentado el viernes 27 de septiembre- que el Comunicado Foradori-Duncan solo satisfacía los intereses británicos ya que todas las medidas que promovía contribuían a consolidar la presencia del Reino Unido en las áreas geográficas usurpadas a la República Argentina estableciendo un manto de legalidad al usufructo ilegítimo de los recursos vivos marinos de la zona económica exclusiva de nuestro país y la prospección de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, y que la ruta aérea San Pablo-Córdoba-Malvinas otorgada a los isleños tenía por fin mejorar la conectividad del archipiélago para facilitar la logística de las actividades ilegítimas de la industria de la pesca y el petróleo. Finalmente, ese acuerdo fue denunciado en marzo de 2023 al comprobarse que todos los beneficios unilaterales otorgados al Reino Unido no contribuyeron para que la potencia ocupante aceptara buscar una solución pacífica y negociada del conflicto de soberanía en el marco de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este nuevo Acuerdo Mondino-Lammy profundiza las concesiones otorgadas al usurpador por el Comunicado Foradori-Duncan, legaliza la depredación de nuestros recursos vivos marinos y hasta ofrece la colaboración de la República Argentina para perfeccionarla, habilita la actividad hidrocarburífica ilegal en la parte de plataforma continental argentina usurpada por el Reino Unido, soluciona los problemas logísticos de la colonia británica en el Atlántico Sur mediante la restauración de la ruta aérea San Pablo-Islas Malvinas y hasta tiene consecuencias en las pretensiones del Reino Unido sobre el Sector Antártico Argentino.
Tal ha sido la repercusión negativa de este nuevo acuerdo que hasta la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se ha manifestado públicamente en su contra, publicando un enérgico mensaje en su cuenta de Twiter en el que expresa: “La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de la Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir el hecho de que sigan depredando nuestros mares (…) ¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”.
Este Acuerdo Mondino-Lammy y otras medidas tomadas por la actual administración nacional, tales como alejarnos de los BRICS, descuidar nuestra participación en el MERCOSUR y el reclamo mismo de la Cuestión Malvinas en este ámbito, devaluar nuestra presencia en otros foros regionales, la alineación incondicional con el Estado de Israel votando en la Asamblea General en contra de más de 100 países que apoyan en el ámbito multilateral nuestro reclamo contra el Reino Unido, comprometernos en una guerra donde no están en juego nuestros intereses nacionales, como lo es la de Rusia y Ucrania y la gravedad que significa manifestar ante la Asamblea General que esta administración renunciaría a la tradicional política de neutralidad argentina, presentarnos para ingresar como socio global de la OTAN cuando esta organización tiene una importante base militar en el territorio argentino usurpado de las Islas Malvinas, la firma de tratados aparentemente inocuos pero que pueden tener serias consecuencias sobre el reclamo argentino por las Islas Malvinas. Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, como el Tratado Global de los Océanos de 2023 o el Acuerdo de Diversidad Biológica más allá de las Jurisdicciones Nacionales de 2024, constituyen todos errores de la nueva política exterior argentina que no solo complican la posición jurídica internacional sino también la dimensión política de nuestro reclamo de soberanía.
Desde el Departamento del Atlántico Sur observamos con preocupación este cúmulo de errores, coronado ahora con el reciente Acuerdo Mondino-Lammy, con la esperanza que el Congreso de la Nación Argentina interpele a las autoridades nacionales ya que con esta actitud se está beneficiando al usurpador para que controle el Atlántico Sur reforzando sus intereses económicos, diplomáticos, políticos y militares, en desmedro de los de la República Argentina.
(*) Coordinador Departamento del Atlántico Sur del IRI-UNLP. Abogado, magister en Relaciones Internacionales, investigador y docente universitario. Miembro pleno de la Asociación Argentina de Derecho Internacional desde 1983 y del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata desde 1990.
