El papelón en Azul y los casos que se acumulan
El insólito viaje del narcopolicía de la Bonaerense acusado de vender 100 kilos de marihuana en una camioneta de la DDI
LA PLATA, 20-07-2019 | PUBLICADO POR REDACCIÓN
Se sospecha que el oficial Walter Trejo se abastecía de droga incautada por la propia Bonaerense y que hasta un hombre de más rango en la fuerza podría ser su jefe.
Por Andrés Klipphan
La detención durante esta semana de un policía narco que pertenecía a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza arrojó novedades.
La Justicia, a través del juez federal Néstor Barral, y la Dirección General de Asuntos Internos, investigan si los 100 kilos de marihuana que el oficial Walter Daniel Paulino Trejo trasportaba en una camioneta oficial no identificada y que pertenecía a su DDI fueron robados de algún depósito de la propia Policía Bonaerense. También se investiga si hay más efectivos involucrados y de dónde proviene la gran cantidad de armas ilegales secuestradas en los nuevos allanamientos que se realizaron.
Una alerta anónima había dictado la caída de Paulino Trejo. El denunciante había dado dos posibles puntos de encuentro: las inmediaciones del shopping de González Catán, ubicado sobre Juan Manuel de Rosas al 14.400, y un lavadero de autos cercano al shopping de San Justo, en el cruce de las rutas 3 y 4.
Gracias al estudio que se realizó sobre el GPS instalado en la Toyota Hilux Blanca perteneciente a la propia DDI, y que estaba a disposición del oficial Trejo, se determinaron sus movimientos previos.
Fueron cinco los lugares que visitó antes de intentar vender la droga. Uno de ellos fue su propio domicilio, es decir, el lugar donde se secuestró dinero en efectivo, armas -una con pedido de secuestros- y hasta una camioneta último modelo que el agente no podría adquirir con su sueldo.
La historia de Paulino no es nueva. El suyo es el tercer incidente del año que involucra a policías de la provincia de Buenos Aires con el tráfico de estupefacientes. Los dos anteriores terminaron en tiroteo.
Uno de ellos, en Avellaneda, terminó con el comisario Hernán David Martin, del gabinete de Drogas de la DDI de ese municipio, muerto por balas que salieron de las armas de un grupo de policías federales, en momentos en que presuntamente iba a cobrar una "extorsión" para no "armarle una causa penal" a un peluquero dominicano que se dedicaría a la venta de drogas.
El presunto cobro de coimas era investigado por la fiscal María Soledad Garibaldi, quien le había ordenado a la División Antidrogas Urbanas de la PFA detener a los supuestos policías corruptos una vez que quedase registrado el cobro del dinero. Todo se desmadró y terminó con la muerte de Martín y dos federales heridos, uno de ellos de gravedad.
Otro incidente terminó con dos efectivos, uno de la policía Bonaerense y otro de la Federal, heridos en la localidad bonaerense de Azul en un confuso incidente cuando, se supone, perseguían a un traficante.
Pero volvamos a La Matanza.
La detención del oficial Trejo ocurrió de casualidad. Una llamada anónima alertó a la Justicia federal que un delincuente realizaría la noche del 11 de julio una importante venta de marihuana a una banda que vende drogas al menudeo a través de una serie de bunkers que funcionan en la zona.
El juez Néstor Barral, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Morón, dispuso una vigilancia encubierta en la zona pero con efectivos de Drogas Ilícitas de San Martín.
Sobre este punto hay que aclarar dos cuestiones.
La primera es que la denuncia anónima nunca refirió que el dueño del cargamento de los 129 panes prensados de marihuana hallados en la camioneta de doble cabina, era un policía bonaerense. Si hubiese sido así, el magistrado habría encomendado esa tarea, por ejemplo, a la Policía Federal, para evitar que integrantes de una misma fuerza se investiguen a sí mismo.
Y la segunda: Barral involucró a Drogas Ilícitas de San Martín no porque sospechase que policías de la DDI de La Matanza estaban involucrados, sino porque suele trabajar con ellos en los casos que le toca investigar. Es decir, por una cuestión de confianza.
El comisario inspector Alberto Cuadrado estuvo a cargo del operativo, que resultó exitoso. El oficial, al observar que al lavadero de autos señalado como punto de encuentro de las narcos ya había ingresado un Renault Sandero, y que a los pocos minutos arribaba la camioneta Toyota color blanca, doble cabina –pero sin chapa patente- ordenó que se cortase el paso del vehículo, que después se determinaría que pertenecía a la DDI de La Matanza.
La primera reacción del policía Trejo fue intentar evadir el operativo. Pero no lo consiguió. Los hombres de Cuadrado rápidamente redujeron a su colega –que hasta ese momento no se había identificado como policía-, a su acompañante Alberto Ceferino Yulan, un civil y al conductor de la camioneta Sandero. Es decir del narco que se aprestaba a adquirir la mercadería ilegal.
Recién cuando el comisario Inspector Cuadrado informa al juzgado que el "corte fue positivo", Trejo reconoció ser policía. De inmediato el oficial de alto rango llamó a su par de la DDI de La Matanza y se dio intervención a Asuntos Internos.
Al revisar el vehículo blanco se descubrió en el asiento trasero, cinco cajas de cartón conteniendo un total de 129 panes de marihuana. Y una libreta policial de servicios.
A las pocas horas del hecho, Guillermo Berra, el titular de la Dirección General de Asuntos Internos, un organismo que depende del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, resolvió desafectar de manera preventiva al jefe de la DDI de La Matanza y a todo el personal que prestó servicio esa noche.
Aunque aún no tiene pruebas para asegurarlo, el abogado Berra sospecha que Trejo cuenta con cómplices dentro de la policía o que inclusive, el jefe de la banda narco policial podría ser un superior de él.
Según pudo saber de fuentes judiciales, la droga decomisada, y que podría haber sido robada de algún depósito de la policía –eso se está pesquisando aún- iba a ser distribuida para ver vendida bajo la modalidad narcomenudeo a través de bunkers de La Matanza que funcionarían en barrios humildes como Puerta de Hierro, y las villas Santos Vega y San Petesburgo.
Por el análisis de los recorridos de los últimos seis meses que realizó el oficial Trejo con el móvil policial, ya allanaron varios domicilios en los que encontraron un pequeño arsenal.
En su casa, la Justicia encontró una pistola Norinco calibre .40 con pedido de secuestro por haber sido utilizada en un robo en Lomas de Zamora.
A nombre de Trejo –y en su propiedad- estaba una camioneta Toyota Hilux 2.8 4×4 SRV TDi DC, cuyo valor de mercado es de casi 1.700.000 pesos, "un vehículo bien llamativo y bien gritón" según la particular definición de uno de los investigadores del caso.
Según entienden los peritos de Asuntos Internos que ya desmenuzan el patrimonio de Trejo, esa camioneta "sería imposible adquirir con el sueldo que mensualmente recibía el oficial, ahora preso" y que se negó a declarar ante el juez Barral. En cambio en una de las propiedades visitadas por el oficial Trejo, se secuestraron municiones, escopetas, pistolas, esposas. Todo el armamento estaba sin declarar.
En estos momentos, los peritos científicos que trabajan bajo la supervisión del juez Barral sospechan que el oficial recalaba de manera injustificada en otras dependencias policiales, fuera de La Matanza, y que desde alguno de esos lugares –o de varios- podría provenir la marihuana que intentaba vender. La llamada anónima podría haber sido realizada por algún compañero de fuerza que quedó "herido" porque Trejo lo habría dejado fuera de la última transacción ilegal ya que los datos brindados eran absolutamente precisos.
Azul no queda tan lejos
El mismo 11 de julio pero a las ocho de la mañana –a las 23.30 se esposó a Trejo con 100 kilos de marihuana-, bonaerenses y federales se enfrentaban durante la detención de un capo narco local.
El intercambio de plomo ocurrió en el playón de la estación de servicio YPF ubicada a la altura del kilómetro 301 de la ruta nacional 3, en Azul.
Según consta en el expediente de Asuntos Internos, los efectivos bonaerenses habrían sido "confundidos" por sus pares federales, como integrantes de la banda narco a cuyo líder iban a detener.
Uno de los heridos pertenecía a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Azul y el otro a la Delegación Azul pero de la PFA.
Estos últimos estaban apostados en autos sin identificar y sin uniforme esperando la llegada del traficante.
¿Pero por qué policías experimentados casi se matan entre ellos en medio de un operativo?
Se especuló con que podría existir algún tipo de connivencia entre los uniformados provinciales y el traficante. Sin embargo ni en la causa judicial, ni en los expedientes de Asuntos Internos hay elementos para sostener esa acusación.
Al parecer, el tema es menos oscuro pero más desopilante. Revelaría, en cambio, el descontrol en algunas investigaciones en curso.
El traficante conducía un auto con pedido de captura. La policía vial lo identifico, dio aviso a la DDI de Azul y estos despacharon a móviles para detenerlo.
De manera paralela, el Juzgado Federal Nº 1 de Azul había ordenado realizar escuchas directas a través de la Policía Federal para detenerlo en momentos en que iba a realizar una venta de drogas en esa estación de servicio, según acababa de oír. Esto ocurría porque el narco tenía "pinchado" su celular.
El traficante, que ignoraba que se aproximaba a una emboscada, tampoco sabía que era perseguido por La Bonaerense. Pero tampoco los federales y los provinciales estaban al tanto que perseguían a un mismo objetivo.
Cuando las dos patrullas de la Bonaerense, que al parecer estaban con las sirenas apagadas, llegan a la zona donde estaban apostados sus pares de la PFA, estos de civil y con autos sin identificar, entran en acción y dan la voz de alto al creer que el intercambio de drogas tenía el amparo de la fuerza de seguridad provincial.
Es ahí donde se produce la escena de una mala película de acción de clase B: los bonaerenses interpretaron que por alguna razón los hombres de civil los querían atacar.
Como consecuencia, todos menos el narco, que se arrojó al piso del Ford Focus, comenzaron a disparar.
Hasta ahora la verdad de lo ocurrido no surge a la luz. Desde el ministerio de Seguridad a cargo de Ritondo, se afirma que la fuerza policía actuó porque la patente del auto robado, también estaba asociada a un presunto pedido de captura de un delincuente prófugo después de un robo a mano armada en las inmediaciones de Azul. Y que la orden la había dictado el mismo juzgado federal que le pidió a la Federal detenerlo mientras realizaba el intercambio de droga por dinero. Mientras tanto, el fiscal local a cargo del caso ordenó peritajes a Gendarmería. (infobae)
La detención durante esta semana de un policía narco que pertenecía a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza arrojó novedades.
La Justicia, a través del juez federal Néstor Barral, y la Dirección General de Asuntos Internos, investigan si los 100 kilos de marihuana que el oficial Walter Daniel Paulino Trejo trasportaba en una camioneta oficial no identificada y que pertenecía a su DDI fueron robados de algún depósito de la propia Policía Bonaerense. También se investiga si hay más efectivos involucrados y de dónde proviene la gran cantidad de armas ilegales secuestradas en los nuevos allanamientos que se realizaron.
Una alerta anónima había dictado la caída de Paulino Trejo. El denunciante había dado dos posibles puntos de encuentro: las inmediaciones del shopping de González Catán, ubicado sobre Juan Manuel de Rosas al 14.400, y un lavadero de autos cercano al shopping de San Justo, en el cruce de las rutas 3 y 4.
Gracias al estudio que se realizó sobre el GPS instalado en la Toyota Hilux Blanca perteneciente a la propia DDI, y que estaba a disposición del oficial Trejo, se determinaron sus movimientos previos.
Fueron cinco los lugares que visitó antes de intentar vender la droga. Uno de ellos fue su propio domicilio, es decir, el lugar donde se secuestró dinero en efectivo, armas -una con pedido de secuestros- y hasta una camioneta último modelo que el agente no podría adquirir con su sueldo.
La historia de Paulino no es nueva. El suyo es el tercer incidente del año que involucra a policías de la provincia de Buenos Aires con el tráfico de estupefacientes. Los dos anteriores terminaron en tiroteo.
Uno de ellos, en Avellaneda, terminó con el comisario Hernán David Martin, del gabinete de Drogas de la DDI de ese municipio, muerto por balas que salieron de las armas de un grupo de policías federales, en momentos en que presuntamente iba a cobrar una "extorsión" para no "armarle una causa penal" a un peluquero dominicano que se dedicaría a la venta de drogas.
El presunto cobro de coimas era investigado por la fiscal María Soledad Garibaldi, quien le había ordenado a la División Antidrogas Urbanas de la PFA detener a los supuestos policías corruptos una vez que quedase registrado el cobro del dinero. Todo se desmadró y terminó con la muerte de Martín y dos federales heridos, uno de ellos de gravedad.
Otro incidente terminó con dos efectivos, uno de la policía Bonaerense y otro de la Federal, heridos en la localidad bonaerense de Azul en un confuso incidente cuando, se supone, perseguían a un traficante.
Pero volvamos a La Matanza.
La detención del oficial Trejo ocurrió de casualidad. Una llamada anónima alertó a la Justicia federal que un delincuente realizaría la noche del 11 de julio una importante venta de marihuana a una banda que vende drogas al menudeo a través de una serie de bunkers que funcionan en la zona.
El juez Néstor Barral, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Morón, dispuso una vigilancia encubierta en la zona pero con efectivos de Drogas Ilícitas de San Martín.
Sobre este punto hay que aclarar dos cuestiones.
La primera es que la denuncia anónima nunca refirió que el dueño del cargamento de los 129 panes prensados de marihuana hallados en la camioneta de doble cabina, era un policía bonaerense. Si hubiese sido así, el magistrado habría encomendado esa tarea, por ejemplo, a la Policía Federal, para evitar que integrantes de una misma fuerza se investiguen a sí mismo.
Y la segunda: Barral involucró a Drogas Ilícitas de San Martín no porque sospechase que policías de la DDI de La Matanza estaban involucrados, sino porque suele trabajar con ellos en los casos que le toca investigar. Es decir, por una cuestión de confianza.
El comisario inspector Alberto Cuadrado estuvo a cargo del operativo, que resultó exitoso. El oficial, al observar que al lavadero de autos señalado como punto de encuentro de las narcos ya había ingresado un Renault Sandero, y que a los pocos minutos arribaba la camioneta Toyota color blanca, doble cabina –pero sin chapa patente- ordenó que se cortase el paso del vehículo, que después se determinaría que pertenecía a la DDI de La Matanza.
La primera reacción del policía Trejo fue intentar evadir el operativo. Pero no lo consiguió. Los hombres de Cuadrado rápidamente redujeron a su colega –que hasta ese momento no se había identificado como policía-, a su acompañante Alberto Ceferino Yulan, un civil y al conductor de la camioneta Sandero. Es decir del narco que se aprestaba a adquirir la mercadería ilegal.
Recién cuando el comisario Inspector Cuadrado informa al juzgado que el "corte fue positivo", Trejo reconoció ser policía. De inmediato el oficial de alto rango llamó a su par de la DDI de La Matanza y se dio intervención a Asuntos Internos.
Al revisar el vehículo blanco se descubrió en el asiento trasero, cinco cajas de cartón conteniendo un total de 129 panes de marihuana. Y una libreta policial de servicios.
A las pocas horas del hecho, Guillermo Berra, el titular de la Dirección General de Asuntos Internos, un organismo que depende del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, resolvió desafectar de manera preventiva al jefe de la DDI de La Matanza y a todo el personal que prestó servicio esa noche.
Aunque aún no tiene pruebas para asegurarlo, el abogado Berra sospecha que Trejo cuenta con cómplices dentro de la policía o que inclusive, el jefe de la banda narco policial podría ser un superior de él.
Según pudo saber de fuentes judiciales, la droga decomisada, y que podría haber sido robada de algún depósito de la policía –eso se está pesquisando aún- iba a ser distribuida para ver vendida bajo la modalidad narcomenudeo a través de bunkers de La Matanza que funcionarían en barrios humildes como Puerta de Hierro, y las villas Santos Vega y San Petesburgo.
Por el análisis de los recorridos de los últimos seis meses que realizó el oficial Trejo con el móvil policial, ya allanaron varios domicilios en los que encontraron un pequeño arsenal.
En su casa, la Justicia encontró una pistola Norinco calibre .40 con pedido de secuestro por haber sido utilizada en un robo en Lomas de Zamora.
A nombre de Trejo –y en su propiedad- estaba una camioneta Toyota Hilux 2.8 4×4 SRV TDi DC, cuyo valor de mercado es de casi 1.700.000 pesos, "un vehículo bien llamativo y bien gritón" según la particular definición de uno de los investigadores del caso.
Según entienden los peritos de Asuntos Internos que ya desmenuzan el patrimonio de Trejo, esa camioneta "sería imposible adquirir con el sueldo que mensualmente recibía el oficial, ahora preso" y que se negó a declarar ante el juez Barral. En cambio en una de las propiedades visitadas por el oficial Trejo, se secuestraron municiones, escopetas, pistolas, esposas. Todo el armamento estaba sin declarar.
En estos momentos, los peritos científicos que trabajan bajo la supervisión del juez Barral sospechan que el oficial recalaba de manera injustificada en otras dependencias policiales, fuera de La Matanza, y que desde alguno de esos lugares –o de varios- podría provenir la marihuana que intentaba vender. La llamada anónima podría haber sido realizada por algún compañero de fuerza que quedó "herido" porque Trejo lo habría dejado fuera de la última transacción ilegal ya que los datos brindados eran absolutamente precisos.
Azul no queda tan lejos
El mismo 11 de julio pero a las ocho de la mañana –a las 23.30 se esposó a Trejo con 100 kilos de marihuana-, bonaerenses y federales se enfrentaban durante la detención de un capo narco local.
El intercambio de plomo ocurrió en el playón de la estación de servicio YPF ubicada a la altura del kilómetro 301 de la ruta nacional 3, en Azul.
Según consta en el expediente de Asuntos Internos, los efectivos bonaerenses habrían sido "confundidos" por sus pares federales, como integrantes de la banda narco a cuyo líder iban a detener.
Uno de los heridos pertenecía a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Azul y el otro a la Delegación Azul pero de la PFA.
Estos últimos estaban apostados en autos sin identificar y sin uniforme esperando la llegada del traficante.
¿Pero por qué policías experimentados casi se matan entre ellos en medio de un operativo?
Se especuló con que podría existir algún tipo de connivencia entre los uniformados provinciales y el traficante. Sin embargo ni en la causa judicial, ni en los expedientes de Asuntos Internos hay elementos para sostener esa acusación.
Al parecer, el tema es menos oscuro pero más desopilante. Revelaría, en cambio, el descontrol en algunas investigaciones en curso.
El traficante conducía un auto con pedido de captura. La policía vial lo identifico, dio aviso a la DDI de Azul y estos despacharon a móviles para detenerlo.
De manera paralela, el Juzgado Federal Nº 1 de Azul había ordenado realizar escuchas directas a través de la Policía Federal para detenerlo en momentos en que iba a realizar una venta de drogas en esa estación de servicio, según acababa de oír. Esto ocurría porque el narco tenía "pinchado" su celular.
El traficante, que ignoraba que se aproximaba a una emboscada, tampoco sabía que era perseguido por La Bonaerense. Pero tampoco los federales y los provinciales estaban al tanto que perseguían a un mismo objetivo.
Cuando las dos patrullas de la Bonaerense, que al parecer estaban con las sirenas apagadas, llegan a la zona donde estaban apostados sus pares de la PFA, estos de civil y con autos sin identificar, entran en acción y dan la voz de alto al creer que el intercambio de drogas tenía el amparo de la fuerza de seguridad provincial.
Es ahí donde se produce la escena de una mala película de acción de clase B: los bonaerenses interpretaron que por alguna razón los hombres de civil los querían atacar.
Como consecuencia, todos menos el narco, que se arrojó al piso del Ford Focus, comenzaron a disparar.
Hasta ahora la verdad de lo ocurrido no surge a la luz. Desde el ministerio de Seguridad a cargo de Ritondo, se afirma que la fuerza policía actuó porque la patente del auto robado, también estaba asociada a un presunto pedido de captura de un delincuente prófugo después de un robo a mano armada en las inmediaciones de Azul. Y que la orden la había dictado el mismo juzgado federal que le pidió a la Federal detenerlo mientras realizaba el intercambio de droga por dinero. Mientras tanto, el fiscal local a cargo del caso ordenó peritajes a Gendarmería. (infobae)