Un ajuste que llega a los $700 millones

En plena crisis, el Gobierno recortó 14 mil planes sociales

LA PLATA, 15-05-2019 | PUBLICADO POR REDACCIÓN

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, recortó más de 14 mil planes sociales del programa "Hacemos Futuro" entre octubre y marzo de este año, según números oficiales. Proyectado, significa un ajuste de $700 millones. Las organizaciones sociales advierten que el ajuste sigue y es mucho más profundo.


Entre agosto del año pasado y marzo de este año, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que conduce Carolina Stanley, recortó 14.622 planes sociales del programa Hacemos Futuro, que absorbió el Ellas Hacen y el Argentina Trabaja, creados durante el kirchnerismo. Los números fueron confirmados por el propio ministerio que conduce Carolina Stanley.

La poda redunda en un ajuste aproximado de 87 millones de pesos sólo en el último de los seis meses relevados, y si se proyecta ese número para lo que resta del año, supera los 700 millones de pesos, una cifra brutal en tiempos de crecimiento de los índices de pobreza e indigencia reconocidos por el INDEC, que fueron presentados, además, por la propia ministra.

Las organizaciones sociales, por su parte, denuncian que el recorte continuó durante abril y lo que va de mayo. Y que se extiende además sobre los beneficiarios del Salario Social Complementario, un programa netamente diseñado para tiempos de crisis (no requiere contraprestaciones) y que se desprende de la Ley de Emergencia Social, sancionada con el acompañamiento de todos los bloques legislativos –incluido Cambiemos- durante las sesiones extraordinarias de fines de 2016.

Según el secretario de organización de la CTEP, Gildo Onorato, el ministerio también recortó unos 20 mil salarios complementarios. “Es un ajuste encubierto, por goteo, que venimos denunciando desde el año pasado y que forma parte de los reclamos que como trabajadores de la economía popular sumaremos al paro convocado por la CGT”, afirmó el dirigente en diálogo con este medio.

Como matiz de semejante recorte, la ministra Stanley cerró a mediados de abril con las organizaciones sociales un aumento escalonado de los programas, que los llevará de 6000 a 7500 pesos a partir del julio. “De todas formas, no es suficiente”, aclaró Onorato, y advirtió que tanto la CTEP como el resto de los movimientos que formaron el bloque de San Cayetano volverán a las calles si la crisis se profundiza y no hay respuestas desde el Estado.

Uno de los puntos en los que indagó este medio fue en las causas que aduce el Gobierno para justificar la poda. Del total de 14622 planes recortados, más del 60 por ciento -unos 8930- fueron dados de baja por “ausencia en actualización de datos”, lo que en la práctica significa que los beneficiarios tuvieron inconvenientes a la hora de cumplir con los requisitos impuestos por la ANSES.

Sólo 1578 del total se dieron de baja por incompatibilidad con un trabajo en blanco, y sólo 55 decidieron renunciar voluntariamente al beneficio. El universo total de beneficiarios del programa asciende a más de 240 mil beneficiarios, que trepa a casi 500 mil si se suman los salarios sociales.

A partir de la resolución 96/18 de la ANSES, a los beneficiarios y beneficiarias del Hacemos Futuro se les exige cumplir con una “capacitación” en oficinas del Estado, que reemplazó el objetivo original del programa, que era percibir una asistencia a cambio de trabajar en una cooperativa. Además se les impone presentar certificados de chequeos médicos, como si se tratara de niños.

El apuntado por las organizaciones como ideólogo del cambio es el secretario de Economía Social, Matías Kelly, quien en una entrevista publicada recientemente en el diario La Nación se vanagloriaba del ajuste en los planes como una “reducción del clientelismo”. “Con la excusa de capacitación, terminalidad educativa y una supuesta eliminación de la intermediación, el Gobierno está llevando adelante un brutal ajuste en la política social, en sintonía con el ajuste que realiza en todas las áreas del Estado”, le respondió entonces la CTEP a través de un derecho a réplica. (gritodelsur)