El gobierno porteño dejó sin efecto la resolución, firmada a fines del año pasado, que establecía la discontinuidad de los planes de estudios de los 14 colegios secundarios comerciales nocturnas por considerarlos “desactualizados” (los planes son de 1974). A los actuales alumnos que cursan en esos comerciales se les garantizaba la continuidad hasta recibirse, pero ya no se abrirían nuevos cursos de los primeros años a partir de 2019. De este modo, en el año 2022 esas escuelas comerciales dejarían de existir. La medida había sido criticada por los gremios docentes del distrito, parte de la comunidad educativa y sectores de la oposición política, que encararon una fuerte campaña “contra el cierre de las escuelas”.​
La nueva resolución, firmada por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y que será publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Ciudad, deja sin efecto aquella resolución de diciembre. Además, afirma en uno de sus artículos que “las acciones desarrolladas en el marco de la transformación educativa en ningún modo conllevan el cierre de establecimientos educativos”, al tiempo que convoca a una “mesa de trabajo” para llevar a cabo los cambios a partir de 2020.
Desde el Gobierno porteño dijeron que la nueva resolución “posterga por un año” los cambios, que de todos modos se llevarán a cabo, con el objetivo de tener más tiempo de diálogo y evaluar cuántos alumnos se inscriben este año en esos colegios. Eduardo López, titular del gremio UTE, le dijo a este diario que la marcha atrás del gobierno es “un logro de la comunidad educativa”. “Había mucho consenso en que las escuelas no se cierren. Los que ganaron son los alumnos de esos colegios”, afirmó.
El conflicto por las escuelas comerciales nocturnas se inició el 14 de diciembre, cuando el Gobierno firmó la resolución 4055 que establecía la discontinuidad de esos colegios. El argumento oficial fue que la oferta educativa de los comerciales nocturnos había “perdido vigencia” y que “los estudiantes tienen otras opciones actualizadas en el distrito, que les acercan las herramientas que realmente necesitan para afrontar los nuevos desafíos del mundo laboral actual y futuro”. Agregaron, ya en ese entonces, que “ningún edificio escolar sería cerrando” y que, por la escasez de docentes en la Ciudad, “ninguno se quedaría sin trabajo”.
Pero los gremios no lo entendieron así, y arrancaron con las protestas. Frente a ese escenario, el defensor del Pueblo de la Ciudad Alejandro Amor convocó el 4 de enero a una negociación entre el Ministerio de Educación y los sindicatos porteños, que terminó en un acta para seguir dialogando. Para el Gobierno y la Defensoría fue “un principio de acuerdo”, pero las protestas siguieron, en reclamo de la derogación de la resolución.
“La resolución era descabellada e ilógica. Una aberración. Estaba claro que cuando se terminaran los cuatro años que faltan hasta 2022 las escuelas iban a cerrar. Esto no es una interpretación subjetiva. El principio de acuerdo no existía mientras siguiera vigente la resolución”, dijo a Carlos Betancourt, rector del Comercial N°26 DE 1 Enrique de Vedia, uno de las escuelas afectadas.
Betancourt agregó que ahora, con la nueva resolución esta “súper feliz y contento”. “Una vez ganamos los docentes y la comunidad educativa. Se hizo justicia. Espero que en la mesa de negociación ahora se convoque no solo a los gremios sino a los actores fundamentales de estos colegios, como somos sus directores. Hasta ahora no fuimos escuchados”.
El defensor del Pueblo Alejandro Amor también hizo una valoración muy positiva de la nueva resolución, que saldrá este jueves en el Boletín Oficial. “La decisión es producto de la mediación que comenzó el 4 de enero. Nos parece muy importante y muy apropiada. Debemos destacar la actitud del Ministerio de Educación. Es muy bueno que se profundice la negociación y mantenemos las puertas de la Defensoría abiertas por si resulta necesario”, dijo Amor.
Desde el Gobierno porteño, de todos modos, insisten en que lo que se hizo fue “postergar por un año” la transformación educativa planteada, a la que consideran de vital importancia. Y deslizaron que durante este año, además de convocar a la mesa de negociación para avanzar en los cambios curriculares, también se observará cómo evoluciona la matrícula en esos colegios, para ver cómo reorganizar los recursos de una manera más adecuada.
Cuando en diciembre el Gobierno había firmado la primera resolución, desde el oficialismo informaron que en los comerciales nocturnos apenas el 38% de los estudiantes egresan, cuando en el resto de los nocturnos la graduación llega al 60%. Además, dijeron que allí hay estudiantes que tienen hasta 110 faltas por año y los siguen manteniendo en la lista, y cursos con 4 o 5 alumnos.
Para Betancourt, este tipo de análisis “muestran que en el Ministerio de Educación no hay docentes a cargo”. “Nuestros alumnos son, en gran medida, aquellos que repitieron en las escuelas diurnas. Necesitan mayor acompañamiento con otro tipo de personal, como asesores pedagógicos, psicólogos o tutores. Ahora debemos estar atentos a que no quieran usar la resolución 1990, que es de la época de De la Rúa y está vigente, y que establece que cada curso tiene que tener 20 chicos o más o puede ser cerrado”, advirtió.
(Clarín)
