Apenas once provincias avanzaron en la creación de órganos específicos con la misión de relevar información sobre la aplicación de protocolos educativos y sanitarios para abordar situaciones de violencia hacia las infancias, según reveló el primer informe que analiza las políticas públicas sobre la vulneración de derechos de esa franja de la población.
Según el informe "Análisis de la regulación del abuso y violencia sexual contra niños/as y adolescentes en Argentina", un relevamiento del Ministerio de Salud realizado por primera vez en 2020 y actualizado y publicado el año pasado, las provincias de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe y Chubut, además de la ciudad correntina de Esquina, cuentan con comités, mesas u órganos de control interministeriales sobre la implementación de protocolos ante abusos sexuales en infancias.
El documento -realizado con apoyo de Unicef- explica que esas instancias llevan la información sobre cómo se aplican los protocolos, cómo funcionan y se articulan las diversas disciplinas y jurisdicciones implicadas en la protección de las infancias, además de trabajar en mejorar las conexiones entre áreas.
"Si bien son once las provincias que tienen los comités, que son muy importantes porque mejoran la implementación de políticas, no es la única estrategia", dijo a Télam la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, que depende de la Secretaría de Acceso a la Salud.
Isla informó que desde su área confeccionaron otro trabajo a nivel nacional, de abordaje interinstitucional ante abusos sexuales y embarazos forzados, en el cual "se plantea una ruta de acción para (los ministerios de) Educación, Salud y Desarrollo Social con el propósito de detectar abusos en infancias y estrategias de trabajo a nivel nacional".
Además, allí se plantea que muchas provincias tienen protocolos diversos y variados sobre el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, algunos específicos de abuso sexual en infancias, otros sobre violencias y maltratos, algunos incluyen o excluyen los embarazos forzados y lo mismo sucede con la explotación sexual comercial, como forma de abuso.
Respecto al trabajo que resta realizar en el ámbito de la prevención, Isla consideró fundamental apuntar también al mundo adulto: "La evidencia es que el abuso en infancias lo realizan sobre todo adultos".
La efectiva aplicación de protocolos y la necesidad de prevención de violencias contra las infancias volvió a ponerse en escena tras situaciones denunciadas recientemente en establecimientos educativos.
Uno de ellos sucedió en la Escuela Normal N° 2, ubicada en la La Plata, la capital bonaerense, cuyos docentes y alumnos denunciaron situaciones de violencia sexual contra otros alumnos.
Lo mismo ocurrió en el colegio Cristo Rey de la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar, donde una madre denunció que su hija de seis años fue abusada por otros alumnos adolescentes.
En diálogo con Télam, la pediatra María Inés Pereyra, miembro del Comité de Niños en Riesgo del Hospital Ricardo Gutiérrez, consideró que "hay que seguir concientizando en todos los ámbitos sociales en los que se desenvuelven las infancias y adolescencias, para que agudicen la detección, se animen a actuar y sepan cómo y qué hacer".
Según Pereyra, los protocolos "actúan sobre el daño ya producido" por lo que también remarcó la importancia de trabajar en la prevención, "y aquí es donde juega un papel primordial la Educación Sexual Integral (ESI)".
"Otro terreno donde se debe insistir y mejorar es en lo judicial, donde en general hay una mirada adultocéntrica y patriarcal, que deja a las infancias y a quien les respalda, totalmente desprotegidos, no creyéndoles, desacreditando las pruebas presentadas o referidos a un familiar, docente o equipo de salud", insistió la pediatra.
La especialista distinguió dos aspectos de las guías o protocolos a seguir frente a situaciones de vulneración de derechos de las infancias: la de protección y la penal.
"La proteccional se ocupa de poner a resguardo a las infancias o adolescentes, aún en contra de la familia, muchas veces, porque es imprescindible que la violencia sexual no vuelva a repetirse", indicó.
La denuncia penal busca la sanción de quien agrede "y es muy reparadora del daño psíquico de niñas, niños y adolescentes porque significa que se le cree y que hay alguien que quiere que se castigue ese daño infligido", agregó.
"Quienes trabajamos en la temática procuramos que la denuncia la haga la familia, como muestra de respaldo y cuidado hacia las infancias, pero no siempre sucede y, en ese caso, la realiza el equipo de salud o el organismo de protección de derechos", apuntó.
Sin embargo, la pediatra subrayó que los casos donde los involucrados en la situación de violencia son niños o adolescentes "no se procede a la denuncia penal desde el hospital pero hay que referirlo a una asistencia en salud".
"Si bien depende de la edad, el tipo de agresión y la personalidad del agresor niño o adolescente (en su mayoría son varones), se lo considera o supone una víctima también, que está atravesando una situación de conflicto, que hay que tratar", detalló.
La especialista distinguió dos aspectos de las guías o protocolos a seguir frente a situaciones de vulneración de derechos de las infancias: la de protección y la penal.
"La proteccional se ocupa de poner a resguardo a las infancias o adolescentes, aún en contra de la familia, muchas veces, porque es imprescindible que la violencia sexual no vuelva a repetirse", indicó.
La denuncia penal busca la sanción de quien agrede "y es muy reparadora del daño psíquico de niñas, niños y adolescentes porque significa que se le cree y que hay alguien que quiere que se castigue ese daño infligido", agregó.
"Quienes trabajamos en la temática procuramos que la denuncia la haga la familia, como muestra de respaldo y cuidado hacia las infancias, pero no siempre sucede y, en ese caso, la realiza el equipo de salud o el organismo de protección de derechos", apuntó.
Sin embargo, la pediatra subrayó que los casos donde los involucrados en la situación de violencia son niños o adolescentes "no se procede a la denuncia penal desde el hospital pero hay que referirlo a una asistencia en salud".
"Si bien depende de la edad, el tipo de agresión y la personalidad del agresor niño o adolescente (en su mayoría son varones), se lo considera o supone una víctima también, que está atravesando una situación de conflicto, que hay que tratar", detalló.
La especialista distinguió dos aspectos de las guías o protocolos a seguir frente a situaciones de vulneración de derechos de las infancias: la de protección y la penal.
"La proteccional se ocupa de poner a resguardo a las infancias o adolescentes, aún en contra de la familia, muchas veces, porque es imprescindible que la violencia sexual no vuelva a repetirse", indicó.
La denuncia penal busca la sanción de quien agrede "y es muy reparadora del daño psíquico de niñas, niños y adolescentes porque significa que se le cree y que hay alguien que quiere que se castigue ese daño infligido", agregó.
"Quienes trabajamos en la temática procuramos que la denuncia la haga la familia, como muestra de respaldo y cuidado hacia las infancias, pero no siempre sucede y, en ese caso, la realiza el equipo de salud o el organismo de protección de derechos", apuntó.
Sin embargo, la pediatra subrayó que los casos donde los involucrados en la situación de violencia son niños o adolescentes "no se procede a la denuncia penal desde el hospital pero hay que referirlo a una asistencia en salud".
"Si bien depende de la edad, el tipo de agresión y la personalidad del agresor niño o adolescente (en su mayoría son varones), se lo considera o supone una víctima también, que está atravesando una situación de conflicto, que hay que tratar", detalló.
