El Gobierno argentino debe enfrentar dos fuentes de conflicto urgentes: el sanitario y el económico. Su principal herramienta para superarlos y lograr la inmunidad de rebaño contra el coronavirus es la vacuna.
A partir de su aplicación, planea evitar una mayor presión en el frente sanitario. Pero esto es necesario también en el frente económico, ya que nuevas medidas de confinamiento o restricción de circulación implicarían un parate productivo y un aumento en el gasto público para paliar los efectos.
Este horizonte choca de frente con el objetivo de achicar el déficit fiscal, en el marco de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Por ello, el retraso en el calendario de vacunación es también un problema económico.
Esto se explica principalmente por el atraso de la llegada de vacunas. Al cierre del mes de enero, Argentina debería contar con 5 millones de dosis de Sputnik V. Sin embargo, recibió sólo 820 mil. Los problemas alrededor de la provisión de vacunas no son exclusivos de la Sputnik V ni de nuestro país.
Este jueves, la Cruz Roja alertó que los 50 países más ricos concentraron el 70% de las dosis aplicadas hasta el momento. Incluso, el 95% del total de las vacunas reservadas están destinadas sólo a diez países. Las cifras revelan que las naciones de ingresos altos poseen mayor cantidad de dosis pre adquiridas que el total de su población. Por caso, la Unión Europea encargó 2,3 mil millones de dosis para sus 450 millones de habitantes.
En el otro extremo, el continente africano reservó unas 870 millones de vacunas para una población de 1,3 millón de habitantes. Mientras Estados Unidos y el Reino Unido poseen 4 dosis por persona, América Latina reservó menos de una por habitante.
La desigualdad entre países ricos y países pobres en la provisión de vacunas “es alarmante porque es injusto y porque podría prolongar o incluso agravar esta terrible pandemia”, advirtió el secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).
Sin embargo, en las últimas semanas se reveló que incluso aquellos países que desembolsaron grandes cantidades de dinero a cambio de la prioridad para el envío de dosis enfrentan dificultades para recibirlas. Los laboratorios encargados de la distribución alegan problemas de producción para cumplir con los contratos.
Producción
Anteriormente mencionamos las dificultades en Argentina con la Sputnik V. En la Unión Europea, los problemas de entrega de la vacuna de Pfizer - BioNtech comenzaron en diciembre. Mientras Italia evalúa demandar al laboratorio estadounidense, Alemania debió reprogramar su calendario de vacunación en diez semanas.
Las disputas en la UE se extendieron hacia los laboratorios de Oxford - AstraZeneca. Según Reuters, de las 300 millones de dosis acordadas en agosto, los países miembro de la Unión Europea podrán recibir sólo un 40% este trimestre. Mientras la empresa alega problemas de producción, se conoció que el Reino Unido e Israel reciben sus dosis normalmente.
Los retrasos en la elaboración de vacunas fueron cuestionados por las autoridades de la UE. Se multiplican reuniones y compromisos entre directivos de los laboratorios donde se amplían las promesas de envíos de dosis. Sin embargo, los motivos por los que la producción de las diferentes vacunas sufren retrasos respecto al calendario original no se hacen públicos.
Incentivos
Mientras el proceso de inmunización de la población se ralentiza, Pfizer anunció que, con la producción y venta de su vacuna contra el Covid-19, prevé obtener beneficios por unos US$15.000 millones sólo durante el 2021. Estimaciones de Wall Street indican que los beneficios originados en las vacunas de Pfizer y Moderna podrían llegar a los 32 mil millones de dólares a los laboratorios.
El argumento económico que se desprende de estas estimaciones es de libro de texto. Podría ser formulado de esta forma: “Los laboratorios necesitan incentivos económicos para lanzarse en la inversión en desarrollo y producción de estas vacunas. Si no esperan ganancias elevadas, las empresas no realizan inversiones elevadas”. De esta forma, las patentes son el incentivo clave.
Sin embargo, la inversión para la investigación de vacunas no fue estrictamente privada. En algunos laboratorios la inyección de capital privado para el desarrollo de su vacuna es ínfimo. La empresa estadounidense Moderna se financió casi exclusivamente con fondos de la administración pública nacional, por unos US$2,6 mil millones. Llamativamente, su vacuna es la más cara del mercado: adquirir una dosis cuesta US$37.
El resto de los laboratorios privados incorporan inversiones públicas y privadas en distintas proporciones. Pero hay una regla general. Todas las investigaciones comenzaron a partir de la inyección de fondos públicos o filantrópicos (como la Fundación Bill y Melinda Gates). El impulso inicial que dió comienzo al desarrollo inédito de vacunas contra el Covid-19 fue propinado por los Estados nacionales.
Los fondos públicos no sólo ingresaron a los laboratorios a partir de la inversión directa. Los países ricos se lanzaron a la compra anticipada de dosis incluso antes de que la efectividad de las vacunas sea probada. Esto actúa como un subsidio indirecto. El total de los recursos estatales comprometidos y volcados a nivel mundial en las vacunas fueron estimados en más de US$104.000 millones por la Fundación kENUP.
La BBC advirtió que esto tiene su lógica: crear vacunas nunca fue muy beneficioso en emergencias sanitarias pasadas, ya que el procedimiento de descubrimiento lleva mucho tiempo y está lejos de tener certezas. Además, las naciones pobres requieren mayores dosis, pero no pueden pagar precios altos, y las vacunas solo se administran una o dos veces.
La pandemia del coronavirus se distingue de estas emergencias sanitarias pasadas, ya que se advierte que el Covid-19 llegó para quedarse. Los especialistas señalan que se requerirán numerosas dosis (anuales) para inmunizar a las personas. Un procedimiento similar a la vacunación contra la gripe. El hecho de que los calendarios de inmunización se extiendan en el tiempo funciona como un incentivo económico para los laboratorios.
Patentes
Esto puede ayudar a explicar el recelo de las farmacéuticas para reservarse las patentes y los métodos de producción de sus vacunas. Es que, si el coronavirus llegó para quedarse y se requerirán dosis para toda la humanidad por un período de tiempo prolongado, esto puede funcionar como un incentivo para la llegada de mayor competencia al mercado de vacunas. Eventualmente, los beneficios de cada firma productora de vacunas se irá disminuyendo, ya que mayor competencia genera una caída en los precios.
De esta forma, los beneficios extraordinarios se ejecutarán a costa de la vida de miles de personas en todo el mundo. Particularmente, de los países con menores recursos para adquirir sus dosis. Por su parte, la iniciativa COVAX busca paliar la inequitativa distribución de vacunas. Sin embargo, al momento sólo se ha recaudado una tercera parte de los fondos necesarios para el objetivo de vacunación del presente año.
Aunque la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tenga éxito y consiga el dinero requerido, nada asegura que las dosis estarán disponibles. Como mencionamos anteriormente, la producción de casi todas las vacunas se encuentra atrasada.
¿Es válido que los países dependan de las decisiones de producción de un puñado de laboratorios? ¿No deberíamos discutir públicamente una aceleración en la producción de la principal herramienta que tiene a disposición la humanidad para hacer frente a una pandemia que ya se llevó la vida de más de 2,2 millones de personas en todo el mundo?
Mandatarios de todo el mundo se han referido a la lucha contra el coronavirus como una “guerra contra un enemigo invisible”. ¿No sería lógico adaptar las cadenas de producción hacia un escenario acorde? Dirigir todos los recursos disponibles para acelerar la fabricación de insumos y dosis no debería sonar descabellado.
Sin embargo, las patentes se encuentran en el camino. Para avanzar hacia producciones masivas en todo el mundo deberían suspenderse las licencias de propiedad de los laboratorios. Diversas ONGs reclaman por la declaración de las vacunas como un bien público. Al momento, las farmacéuticas se niegan y ningún país parece decidido en avanzar en este sentido.
En medio de una pandemia inédita, las ganancias económicas de los laboratorios se ubican por encima del derecho a la salud y la vida de millones de personas. Pero también por sobre la recuperación económica que implicaría la inmunización masiva de la población, lo cual ayudaría a recuperar los ingresos perdidos por la crisis desatada por el coronavirus.
(filonews)
