Para Eduardo Soares de "La Gremial de Abogados" que defiende residentes de la toma de Guernica, la tierra “no tiene dueño” y la intendenta y la Justicia “defienden a los countris y las inmobiliarias”

Así lo dijo el miembro de la la histórica asociación de abogados defensores de causas sociales, ahora transformada en la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas que ayuda jurídicamente a los ocupantes de los terrenos de la toma de Guernic. Además Soares dijo que los empresarios que promueven el desalojo de las familias “no tienen títulos” pero sí acceso al poder judicial y político. Resaltó actitud de Larroque, Alak y Estela Díaz, mientras que cuestionó a Berni.

Mientras avanzan las negociaciones de autoridades del gobierno bonaerense y representantes de organizaciones que nuclean a las más de 2.500 familias asentadas en el predio de la "toma de Guernica", la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, conocida como "La Gremial de Abogados" es la entidad que defiende legalmente a estos residentes, explicó que “los terrenos no tienen dueños legítimos y por eso se suspendió el desalojo”, aunque el problema es que “la intendenta, el juez y el fiscal defienden los countries y los negocios inmobiliarios proyectados sin títulos de propiedad”.

Eduardo Soares, miembro de ese histórico colectivo de abogados patrocinantes de causas sociales que está asistiendo a los residentes, puntualizó que “primero y principal hay que dejar en claro que acá hay una toma pacífica y espontánea de una tierra que no tiene dueño legítimo ni con inscripción catastral de nadie”, hecho por el cual “se logró argumentar que jurídicamente no hay usurpación y se pudo suspender el desalojo”.

“Cuando tomamos el caso de urgencia un viernes, estuvimos todo el fin de semana averiguando porque el lunes habían fijado el desalojo. En ese tiempo constatamos que esas tierras de Guernica están vacías y hace 40 o 50 años no tienen dueño registrado en catastro y no hay legítimo propietario. Son humedales rodeados por countries de altísimo costo. Los tres actores que se presentan a denunciar pidiendo el desalojo no tienen tampoco papeles. Uno es la inmobiliaria de la zona, que sólo aportó planos de un proyecto a construir cerca de los countries y otros son dos particulares, uno dice que hace 40 años un dueño de ahí le donó la tierra y otra persona que dice que una iglesia le cedió algo. Pero ninguno tiene título de propiedad ni está inscripto catastralmente. Por eso, técnicamente no tipifica el delito de usurpación para desalojar a quienes se asentaron”, relató Soares, en declaraciones al programa “No es lo que parece”, que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 por la FM 96.7 de La Plata.

Este marco jurídico sostiene la argumentación con la que "La Gremial" logró suspender dos veces la orden de desalojo dispuesta por el juez Martín Rizzo a instancias de la petición del fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta y respaldada por la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero.  Sin embargo, estos funcionarios ratificaron en las últimas horas que vencido el último plazo se procederá a sacar a la gente.

Frente a esto, Soares fue tajante y denunció: “El juez y el fiscal responden claramente a las grandes inmobiliarias del lugar y a la intendenta del lugar, que no tuvo reparos en decirnos en una reunión que ella tiene que velar por los 18 countries que están alrededor del asentamiento. Ellos toman a las inmobiliarias como legítimos propietarios aunque no tengan títulos. La explicación no es jurídica, es política”.

Por esto, el abogado agradeció “a las autoridades de los ministerios de Justicia y de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que accedieron a analizar la propuesta de la Asociación, para crear mesas técnicas para discutir”, ya que “nosotros consideramos que estos casos no se solucionan con el Código Penal, que avala la ejecución de la fuerza y termina todo a garrotazo limpio”.

“Lo que ocurra de ahora en más será el fruto del entendimiento que se logre entre los funcionarios de gobierno y los representantes de las organizaciones. Y en ese sentido hay que agradecer la voluntad de diálogo del Ministerio de Desarrollo, el de Mujeres, Género y Diversidad que intervino en protección de los niños que están ahí. Ellos han comprendido la situación con un sentido profundo”, agregó el letrado de "La Gremial".

Berni hace la suya

El reconocimiento de Soares a los ministros Julio Alak (Justicia), Andrés Larroque (Desarrollo) y Estela Díaz (Mujeres), fue inversamente proporcional a la crítica contra el ministro de Seguridad Sergio Berni.

De este último, dijo que cada vez que puede “amenaza con el desalojo por la fuerza pública a quienes están asentados en total precariedad” y “como la Policía es una fuerza muy desplegada en el terreno bonaerense, puede traer 4.000 efectivos que no tienen que ver con la departamental de la zona y no tienen apego a lo que viven en el lugar, a las personas de ahí y arrasar con todo”.

Soares recordó que “días atrás mientras se hacía una reunión entre los residentes y funcionarios del Gobierno provincial para trabajar en acuerdos y reubicar, Berni vino con cuadrillas de motos, patrulleros y hasta helicópteros sobrevolando la zona para amedrentar a la gente”.

Por esto, subrayó que si bien “uno no puede ponerse a analizar las internas de la coalición gobernante, lo cierto es que hay ministros que hacen una cosa y otros que juegan a otra o hacen la suya lamentablemente”. (Cadena BA)